Aeronáutica en jaque: el Gobierno y ATE chocan por el 75%
El conflicto salarial en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) ha escalado a un punto de no retorno, planteando un escenario de alta tensión para los próximos días. Mientras el sindicato ATE reclama por aumentos incumplidos, el trasfondo de la disputa es legal: la aplicación de la nueva reforma laboral (Ley 27.802). El Gobierno exige que se garantice un piso del 75% de servicios mínimos, pero el gremio ya adelantó que no acatará una norma que considera «manifiestamente inconstitucional».
Rodolfo Aguiar, líder de ATE, ha sido tajante al calificar la nueva regulación como un intento de restringir el derecho a huelga de forma arbitraria. Según el dirigente, el proceso de reglamentación de la ley aún es incierto y se encuentra en una «nebulosa» jurídica, lo que justifica —desde su perspectiva— realizar las medidas de fuerza bajo el esquema anterior a la reforma. Esta postura de desobediencia gremial anticipa un choque de poderes que podría terminar en sede judicial o con sanciones administrativas severas.
Desde la vereda oficialista, la interpretación es diametralmente opuesta y no admite grises. Altos funcionarios confirmaron que puntos críticos de la ley, como la regulación de huelgas en servicios esenciales y el límite del 2% para cuotas solidarias, son de aplicación inmediata y no requieren reglamentación adicional. Para el Ejecutivo, la aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo son «servicios esenciales en sentido estricto», por lo que cualquier prestación por debajo del 75% será considerada una infracción legal.
En lo operativo, las protestas ya tienen fecha y hora confirmadas, afectando los principales aeropuertos del país durante las jornadas del 18, 19, 20, 23 y 24 de este mes. El cese de actividades se realizará en dos franjas horarias críticas: de 9 a 12 y de 17 a 20. Durante estos intervalos, solo se mantendrán operativos los sectores exceptuados por su naturaleza crítica, como el servicio de bomberos, sanidad y ciertos controles de seguridad que no se sumarán a la medida de fuerza.
Este conflicto no solo pone a prueba la capacidad de negociación de las partes, sino también la eficacia de la flamante reforma laboral ante el primer desafío gremial de peso. Si el sindicato cumple su promesa de ignorar los servicios mínimos, miles de pasajeros enfrentarán demoras y cancelaciones masivas. La resolución de esta disputa marcará un precedente fundamental para el resto de los sectores estratégicos que el Gobierno busca regular bajo el nuevo marco normativo.