Glaciares en peligro y el futuro del turismo nacional
La Ley Nacional de Glaciares fue concebida originalmente para proteger estos cuerpos de hielo como reservas estratégicas de agua y valorarlos como un activo turístico fundamental. Sin embargo, la reciente reforma aprobada por el Congreso ha encendido las alarmas en el sector debido a su impacto directo en la competitividad de destinos clave.
Esta modificación normativa redefine las reglas de juego en territorios donde la naturaleza virgen constituye el principal recurso económico. Este nuevo escenario plantea serios interrogantes sobre la sostenibilidad de los destinos de montaña frente a posibles cambios en el uso del suelo. Uno de los mayores riesgos identificados en los documentos es la pérdida de reputación ambiental de destinos emblemáticos como El Calafate o Ushuaia. El turismo receptivo internacional, particularmente el mercado europeo, otorga un gran valor a la sustentabilidad y a los entornos naturales prístinos. Cualquier señal de flexibilización en la protección ambiental puede erosionar la posición internacional que Argentina ha construido durante años en turismo. En este sentido, el peligro no es solo operativo, sino reputacional, afectando la percepción de los visitantes sobre la autenticidad del destino.
La reforma introduce el concepto de función hídrica efectiva, lo que limita la protección estricta únicamente a aquellas zonas donde se compruebe una relevancia hídrica específica. Este cambio permite autorizar actividades extractivas y productivas en áreas periglaciares que antes estaban resguardadas de manera general por la ley. Para el turismo, esto significa que el activo central de una naturaleza intacta entra en una zona de discusión y disputa. La transición hacia una protección condicional y revisable altera la narrativa de conservación que sostiene al sector.
Asimismo, la nueva normativa otorga una mayor autonomía a las provincias para definir sus propios criterios de protección. Aunque esto se presenta como una forma de fortalecer el federalismo, las fuentes advierten que podría derivar en reglas de juego menos homogéneas para el turismo. La fragmentación de criterios genera incertidumbre territorial y dificulta la previsibilidad necesaria para las inversiones turísticas a largo plazo. Además, el desplazamiento del rol central científico del IANIGLA hacia uno meramente registral deja las decisiones en manos de la discrecionalidad provincial.
Finalmente, esta reforma reactiva la tensión histórica entre el avance de actividades extractivas, como la minería, y la conservación necesaria para el turismo. Mientras el gobierno busca atraer inversiones mediante estos cambios, el sector turístico depende de la preservación del entorno para mantener su valor diferencial. El desafío estratégico para el país será intentar dinamizar economías regionales sin destruir el patrimonio natural que hoy nos posiciona globalmente. En última instancia, el futuro de las provincias cordilleranas depende de un equilibrio interdependiente entre ambiente, desarrollo y turismo.